Los datos del IPC de diciembre, publicados hoy por el INE, reflejan una inflación anual del 2,8%, un repunte de cuatro décimas respecto al mes anterior, impulsado principalmente por el incremento de los precios de carburantes y lubricantes (+1,1%). Sin embargo, el promedio anual de inflación de 2024 (2,8%) se sitúa significativamente por debajo del 3,6% registrado en 2023. La inflación subyacente, más estable, también ha mostrado una moderación, cerrando el año en el 2,9%, menos de la mitad del 6,1% alcanzado en 2023.

En este contexto de desaceleración inflacionista, los salarios pactados en los convenios colectivos han logrado superar la inflación general, con un incremento medio del 3,7% en los convenios firmados durante 2024 y del 3,1% en el conjunto de todos los convenios. Estas cifras, que se ajustan a los criterios del AENC 2023-2025, han permitido que gran parte de la población trabajadora recupere poder adquisitivo, consolidándose como un avance esencial para el bienestar social.

No obstante, para garantizar que este avance salarial se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida, es imprescindible abordar el coste de bienes básicos como la vivienda, para que se cumpla con el mandato constitucional de percibir una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de la personas trabajadoras y sus familias. A pesar de los progresos en materia salarial, el desmesurado encarecimiento de la vivienda en los últimos años ha convertido este derecho fundamental en un gasto excesivo o inasumible para muchas familias trabajadoras. Esta situación no solo vulnera derechos básicos, sino que limita el impacto positivo de la recuperación del poder adquisitivo.

UGT subraya que para alcanzar un verdadero bienestar para las familias trabajadoras, el poder adquisitivo de los salarios debe ser suficiente para garantizar el acceso a una vivienda digna, ya sea en régimen de alquiler o de compra. Por ello, urge la implementación de políticas que frenen la actual escalada inmobiliaria y ajusten los precios de la vivienda a los ingresos de los hogares. Establecer controles eficaces sobre este bien esencial debe ser una prioridad absoluta para 2025.

En definitiva, junto a la necesaria senda de incremento y recuperación del poder de compra de los salarios es imprescindible redoblar esfuerzos en políticas que protejan derechos básicos como la vivienda.