Por un lado, el de un amplio número de personas que soportan jornadas laborales interminables y extenuantes; y por otro, el de tantas otras, en especial mujeres, que a pesar de que desean y pueden trabajar más horas, acaban envueltas en una espiral sin fin de contratos involuntarios a tiempo parcial con sueldos muy reducidos. Este segundo problema, comúnmente denominado subempleo, afecta a alrededor de 1,6 millones de personas, de las cuáles un 60% son mujeres, y constituye una de las asignaturas pendientes de nuestro mercado laboral.

Así, el contrato a tiempo parcial, a diferencia de otros países de nuestro entorno, supone una modalidad contractual asociada a un notable nivel de involuntariedad: casi el 70% de estos contratos es impuesto por razones de mercado (no encontrar empleo a tiempo completo) o por obligaciones domésticas y de cuidados. Sin embargo, trabajar menos horas de las que se puede y quiere también afecta a personas trabajadoras con condiciones más estables, pues hasta 1 millón de los y las subempleadas tiene contrato indefinido y 526 mil trabajan a tiempo completo.

El escaso e involuntario número de horas trabajadas tiene una elevada incidencia entre la población joven y de mediana edad, y se concentra especialmente en empleos del sector servicios, que agrupa las 6 primeras ramas de actividad por número de personas asalariadas subempleadas. A nivel territorial, el 60% del subempleo se ubica en cuatro CCAA (por volumen absoluto Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valencia), aunque también presenta una incidencia destacada en el resto de territorios.

Más allá del análisis de los perfiles socioeconómicos más frecuentes o su distribución a nivel sectorial y territorial, cabe destacar también el notable impacto negativo que genera este fenómeno sobre los ingresos de los trabajadores. Así, trabajar un número reducido de horas está asociado a salarios absolutos anuales estructuralmente bajos, lo cual explicaría en gran parte el hecho de que hasta 7,1 millones de personas empleadas registren ingresos iguales o inferiores al SMI anual. Y por supuesto, al ser un problema eminentemente feminizado, sus consecuencias también se distribuyen de forma desigual, provocando una brecha de ingresos por sexo en el empleo asalariado (del 18,4%) y, en consecuencia, en las pensiones recibidas (ascendiendo al 31%).

Dada la relevancia de esta problemática, desde el Servicio de Estudios de la Confederación se ha elaborado un documento que pretende arrojar luz sobre la realidad de la misma, así como de las medidas u orientaciones más adecuadas para corregirla.

Y es que, para UGT, el debate que plantea la necesaria reducción de la jornada laboral, con el horizonte que propone nuestro sindicato de alcanzar las 32 horas semanales, debe venir también acompañado de medidas y propuestas encaminadas a elevar las horas –y con ello, el salario total percibido- de las personas que se encuentran en situación de subempleo. Se trata de problemas complementarios, cuyas soluciones deben abordarse de manera conjunta para impulsar una redistribución más justa, igualitaria y eficiente de las horas de trabajo en nuestro país, a fin de seguir combatiendo la precariedad y mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras.

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