​El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha hecho un llamamiento a participar en las marchas por #pensionesdignas, convocadas, por los sindicatos a partir del 30 de septiembre, porque no son solo para los pensionistas actuales, sino para todos, incluidos los jóvenes.  Álvarez ha afirmado que con estas marchas el sindicato quiere abrir un debate en profundidad y  exigir la derogación de la reforma aprobada por el Gobierno en 2013 en materia de pensiones, “que se han realizado al margen del Pacto de Toledo y que nos privan de derechos”.

 Los pensionistas no pueden continuar sin que se revaloricen sus pensiones conforme al coste de la vida, en este sentido ha pedido acabar con el índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, que supone una rebaja permanente de las pensiones en nuestro país.

Álvarez,  que ha hecho estas declaraciones durante la rueda de prensa previa a la asamblea de delegados y delegadas de UGT Andalucía, que se ha celebrado en Sevilla, ha manifestado que  el problema de nuestro sistema de Seguridad Social es de ingresos, no de gastos. Así, “gastamos 4 puntos menos del PIB que gasta Alemania, Francia o Italia”, por lo tanto hay que incidir en la recaudación.

En este sentido, ha recordado algunas de las propuestas de UGT como destopar las bases máximas (lo que nos permitiría obtener en torno a 7.500 más de ingresos); acabar con las subvenciones a la contratación a cargo de la Seguridad Social o introducir impuestos para financiar directamente el Sistema, “uno de ellos tiene que ver con las nuevas tecnologías”. Se trata de que los robots coticen, que las nuevas tecnologías, que sustituyen a trabajadores, paguen impuestos.

Repartir la riqueza

El Secretario General de UGT ha manifestado que nuestro país lleva creciendo a un ritmo muy importante y que tiene perspectivas de continuar creciendo en los próximos años por eso el principal punto de la acción sindical de UGT es repartir la riqueza que se está generando en nuestro país, y que hasta ahora solo ha ido “al bolsillo de unos pocos”.

Un reparto de la riqueza a través de la creación de empleo estable. En este sentido, ha recordado que hay que recuperar el contrato de relevo, un debate paralizado desde julio; pues permitiría la creación de decenas de miles de puestos de trabajo  y que debería financiarse utilizando los recursos del Plan de Garantía Juvenil.

Ha reclamado que nuestro país disponga de política industrial, porque sin ella “no habrá trabajo estable, ni  futuro para nuestros jóvenes y porque sin política industrial, que genere y produzca con valor añadido, va a ser muy difícil salir de la situación en la que nos encontramos”.

Asimismo, ha apelado al consenso con partidos políticos y organizaciones sociales, para conseguir  un gran acuerdo por la energía y abrir un debate sobre el sector turístico. Desde UGT defendemos –ha dicho- un sector turístico sostenible y de calidad, en el que se respeten unas condiciones de trabajo dignas. Actualmente el turismo “es uno de los  sectores donde se genera más riqueza en nuestro país” y donde hay mayor precariedad laboral.

Otras formas de repartir riqueza son impulsar las políticas de igualdad (acabar con la brecha en materia de salarios, puestos de responsabilidad, etc.). Esto implica a su vez ser intolerantes con las actitudes machistas que en varios casos derivan en violencia de género. Una lacra social que UGT está comprometida a seguir combatiendo.

1.000 euros como mínimo salarial

Pepe Álvarez ha destacado que desde 2009 ha habido un trasvase de rentas de 4 puntos de los salarios a las rentas de capital y ha señalado que tras el  desacuerdo de negociación colectiva del año 2017, UGT quiere situar la negociación para 2018 o 2019, en otros términos, establecer un mínimo salarial de 1.000 euros en todos los convenios, un lema que será el eje fundamental de las reivindicaciones sindicales. “Después hablaremos de porcentajes salariales”- ha dicho.  Se trata de favorecer a los sueldos más bajos, y facilitar subidas en aquellas empresas que carecen de representación sindical.

Asimismo, ha afirmado que el Salario Mínimo Interprofesional debe representar el 60% del salario medio al final de la legislatura y situarse, por tanto, en torno a los 1.000 euros.