​La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha calificado de positiva la prevista prórroga del Plan de Recualificación Profesional (PREPARA) por seis meses más, hasta febrero de 2017, puesto que sigue siendo un programa necesario, que aporta medidas de recualificación, inserción laboral y apoyo de rentas para alguno de los colectivos de trabajadores y trabajadoras que han agotado las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o los subsidios. El sindicato siempre ha defendido y promovido la prórroga de este programa de duración semestral, desde que se implantó en febrero de 2011.

Precisamente gracias a la presión sindical se logró que la prórroga de este programa fuera automática siempre que la tasa de paro estuviera primero por encima del 20%, y desde abril de este año, por encima del 18%. Por tanto, puesto que la tasa de paro según la EPA del segundo trimestre se sitúa en el 20%, la prórroga debía producirse de manera automática.

Sin embargo, Antoñanzas considera que el Programa PREPARA, tal y como está diseñado en la actualidad y en el contexto de elevado paro y escasa protección por desempleo existente, “resulta muy insuficiente”.

Hay que recordar que el endurecimiento de los criterios de acceso que llevó a cabo el Gobierno de Rajoy en agosto de 2012 supuso un recorte muy importante del número de beneficiarios del mismo. Por eso, UGT reclama que se recuperen los criterios de acceso existentes antes de entrar en vigor el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto. “Es una de las medidas que venimos revindicando desde antes de las elecciones generales del 26 de junio”, y que se incluye en el documento 20 actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social, elaborado conjuntamente con CCOO, y que que se enviaron a los partidos políticos para que las impulsen. Asimismo, deben ampliarse los criterios de acceso al Programa de Activación para el Empleo (PAE).

En conjunto, la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha caído 15 puntos porcentuales desde diciembre de 2011, pasando del 70,7% de los parados registrados en los servicios públicos de empleo a solo el 55,1%. Teniendo en cuenta el número total de desempleados que estima la EPA, hay 2,6 millones de trabajadores en situación de desempleo que no perciben ninguna prestación, una situación que es una de las causas principales del aumento del número de trabajadores en situación de pobreza y exclusión social.
Por otra parte, la dotación de las políticas activas de empleo en España es manifiestamente insuficiente, debido a los fuertes recortes presupuestarios que sufrieron de 2011 a 2013, de 3.500 millones de euros, la mitad de lo presupuestado en 2011. En 2016 sigue siendo 2.100 millones inferior al presupuesto de aquel año, pese a que la tasa de paro es prácticamente la misma.

Por eso desde UGT se demanda que se duplique la dotación de las políticas activas de empleo, y que se reorienten sus recursos, ya que ahora se destinan 3.700 millones de euros a bonificar la contratación de las empresas, una política muy costosa sobre la que existe amplio consenso destacando su ineficacia para crear empleo de manera permanente. En su lugar, es preciso implantar como un derecho el tratamiento personalizado de los desempleados a través de la orientación e intermediación públicas y la formación y recualificación.