La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha presentado el nuevo Colegio de Comisarios y Comisarias que desempeñará un papel crucial en los próximos años para abordar los retos de Europa. Lo más llamativo e incluso alarmante de su composición es que la cartera de empleo desaparece, "personas, competencias y preparación" ocupa su lugar pero esto no es equivalente a "Empleo y protección social". La política social y el empleo han desaparecido de la nueva Comisión Europea, en nombre de la competitividad. La naturaleza críptica y pintoresca de algunos de los títulos de otras carteras habla por sí sola: desde Comisario de Implementación y Simplificación a Vicepresidente de Prosperidad, o Resiliencia Hídrica, por nombrar algunos. Desde los años 70 existe una cartera de Empleo y Política Social, rebautizada como Empleo y Derechos Sociales en 2019. Políticas clave como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y sus directivas de gran alcance, estaban bajo ella. El empleo de calidad, la igualdad, el diálogo social y las condiciones de trabajo y de vida siguen siendo cuestiones fundamentales para la propia supervivencia de nuestras democracias y es y seguirá siendo el centro de las reivindicaciones de UGT.

Unos nombramientos entre los que se encuentra Teresa Ribera como Vicepresidenta Ejecutiva responsable de la Transición Limpia, Justa y Competitiva, quien liderará los esfuerzos para descarbonizar la economía europea e impulsar su industrialización. Henna Virkkunen, otra figura destacada, será la Vicepresidenta Ejecutiva encargada de la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, con el desafío de proteger el Estado de Derecho y las tecnologías digitales de vanguardia, mientras que Stéphane Séjourné ocupará la Vicepresidencia Ejecutiva de Prosperidad y Estrategia Industrial, con la responsabilidad de fomentar el crecimiento económico a través de la innovación y la inversión.

Por su parte, Kaja Kallas asumirá el rol de Alta Representante y Vicepresidenta de Política Exterior, en un contexto de crecientes tensiones geoestratégicas. Entre otros nombres clave están Roxana Mînzatu, quien estará al frente de los derechos sociales, las capacidades y la preparación; Raffaele Fitto, encargado de la política de cohesión y reformas o Maroš Šefčovič, que desempeñará un doble rol como Comisario de Comercio y Seguridad Económica, además de Relaciones Interinstitucionales y Transparencia.

La apuesta por una economía descarbonizada e industrializada es un paso en la dirección correcta, pero la transición hacia un modelo sostenible debe ir acompañada de medidas que garanticen la protección de los trabajadores y las políticas deben centrarse en evitar la pérdida de empleos y fomentar la creación de nuevos puestos de calidad en industrias emergentes. Es esencial que la transición sea justa, que ningún trabajador quede atrás y que se fortalezcan los mecanismos de diálogo social para abordar los impactos laborales de esta transformación.

La nueva Comisión Europea debe hacer frente a retos urgentes

En relación a la inclusión de la soberanía tecnológica y la seguridad en la nueva Comisión plantea un desafío para los derechos laborales en el contexto de la digitalización. El avance de las tecnologías digitales debe gestionarse respetando los derechos de los trabajadores, garantizando empleos dignos y evitando la precarización laboral.

Con respecto a las políticas de competencia, es fundamental también integrar un enfoque social que permita la cohesión económica y social en toda la UE. Una política de competencia no puede centrarse únicamente en la eficiencia económica, debe priorizar el bienestar de la ciudadanía y garantizar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera equitativa. La cohesión regional y el fortalecimiento del modelo social europeo no deben verse debilitados.

En cuanto al reto de fortalecer el Pilar Europeo de Derechos Sociales, es primordial mejorar las competencias de los trabajadores y trabajadoras, pero debemos garantizar que estos esfuerzos vayan acompañados de una mejora en las condiciones laborales y salariales puesto que la promoción de empleos de calidad es esencial para reducir la precariedad laboral y avanzar hacia una Europa más igualitaria.

Además, el fortalecimiento del diálogo social es una herramienta clave para mejorar la gobernanza democrática y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que les afectan directamente. El diálogo social debe ser promovido como una vía para abordar los retos sociales y laborales en este contexto cambiante.

Frenar cualquier política que pueda perjudicar a la clase trabajadora

UGT observa la nueva composición de la Comisión con cautela, reconociendo los importantes desafíos que deberá afrontar, pero dudando del perfil de algunos de los seleccionados. El sindicato advierte de un giro político hacia la derecha y una creciente influencia de sectores conservadores, lo que puede suponer retos significativos en cuanto a la protección de derechos laborales y sociales.

Este viraje puede tener implicaciones en las políticas sociales y económicas, por lo que UGT estará vigilante para frenar cualquier política que pueda perjudicar a la clase trabajadora. El sindicato utilizará todos los recursos para situar la agenda social y laboral en el centro de las políticas de la Comisión, evitando que el giro a la derecha suponga un retroceso respecto a los avances del último mandato.