El pleno de la Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía del Comité Económico y Social Europeo ha aprobado hoy el dictamen “Los desequilibrios en la protección social en Europa y especialmente para los trabajadores atípicos y las nuevas formas de empleo” a iniciativa de UGT.

El sindicato recuerda que los sistemas de seguridad social, tal como los conocemos hoy en Europa, se crearon hace más de un siglo. La mayoría de ellos siguen basándose esencialmente en un vínculo directo con el mercado laboral y se financian en gran medida mediante las cotizaciones pagadas por los trabajadores y los empresarios, y en mayor o menor medida por los impuestos. 

Sin embargo, según Eurostat, más del 40% de la población empleada de la UE (en torno a 77 millones de personas) tenía modalidades de trabajo atípicas, es decir, contratos temporales, trabajo a tiempo parcial o por cuenta propia, y muchas de ellas se enfrentan a importantes déficits de cobertura de protección social. De hecho, en 2022 había diecisiete Estados miembros en los que al menos un grupo de trabajadores atípicos no estaba cubierto por ninguna rama de la protección social. Además, en Europa, las mujeres perciben de media alrededor de un 40% menos de pensiones que los hombres. 

El trabajo atípico, que a menudo implica condiciones que no respetan el trabajo digno, conlleva la privación de una protección social adecuada, a pesar de que el Pilar Europeo de Derechos Sociales promueve una protección adecuada para todas las personas. Esta situación genera discriminación, exclusión social y pobreza. De ahí la necesidad de mejorar los marcos jurídicos y las políticas de protección social, prestando especial atención a las referencias a la protección social en el trabajo atípico. 

Además, los sistemas de protección social están sometidos a una fuerte presión sobre su financiación a medida que el trabajo típico es sustituido por trabajo en nuevas formas de empleo. Una presión aumenta a medida que se incrementan tanto la transición digital y demográfica como la transición ecológica.

Mejorar los marcos jurídicos y las políticas de protección social 

Con la difusión cada vez más rápida de formas atípicas de empleo, menos cubiertas por la protección social, y dada la urgente necesidad de gestionar la transición digital y ecológica de manera justa, era imperativo que el CESE evaluara el cumplimiento de la Recomendación sobre la igualdad de acceso a la protección social para todos los trabajadores, independientemente de su sexo o forma de contrato, un enfoque similar al propuesto por la OIT. Este dictamen busca contribuir a garantizar que los sistemas de protección social sean capaces de cubrir a toda la población trabajadora frente a las perturbaciones económicas, especialmente al trabajo atípico y a las nuevas formas de empleo. 

Entre las reivindicaciones de UGT recogidas en el dictamen están:

- Que las causas que originan los procesos de transición del trabajo típico al trabajo atípico van en ascenso y los trabajadores atípicos carecen del mismo nivel de protección que los trabajadores típicos, por lo que en muchos casos no tienen garantizado el acceso a prestaciones suficientes y sostenibles.

-Como todos los Estados Miembros han ratificado la Carta Social Europea (al menos la de 1961), han aceptado el compromiso de “esforzarse por elevar progresivamente el sistema de seguridad social a un nivel superior”, según establece su artículo 12 (apartados 2 y 3). Por tanto, el dictamen anima a las instituciones de la gobernanza comunitaria y los Estados miembros, en el marco de sus respectivas competencias, y previo diálogo social, a que aseguren la adaptación de los sistemas de protección social a las formas de trabajo no convencional, a fin de garantizar la cobertura y prestaciones suficientes, para asegurar un trabajo decente y una vida digna.

-Es necesario avanzar, de acuerdo con las prácticas nacionales, en los sistemas de protección social que no se centren sólo en las personas trabajadoras, típicas o atípicas, sino en el conjunto de la ciudadanía, a fin de progresar hacia rentas mínimas estatales, incluso incentivos facilitadores del retorno al empleo, para quien pueda trabajar, conforme al principio 14 del pilar europeo de derechos sociales, garantizando en todo momento una protección suficiente y su sostenibilidad financiera.

-Además, se insta a la UE y a los EM a efectuar una revisión profunda e integral de las fuentes de financiación de los sistemas de protección social, para que, sin poner en peligro la creación de empleo, garanticen la sostenibilidad financiera de los mismos. La UE puede apoyar a los Estados en este empeño facilitando el intercambio de experiencias relacionadas con la revisión/reforma de los sistemas nacionales de protección social.
-Se invita a la Comisión a que evalúe, en el menor tiempo posible, la aplicación de la Directiva 79/7/ (para la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social) y, en su caso, proponga al Consejo y al Parlamento Europeo las reformas que se estimen más adecuadas para promover, por parte de los Estados y en el marco del Diálogo Social, la corrección efectiva de dichas brechas, de conformidad con el artículo 157, apartado 4, del TFUE".