• ​El indicador digital europeo 2018 (DESI) sitúa a nuestro país en la posición 13 de 28 en el grado de preparación de nuestros ciudadanos ante la transformación digital, a la altura de países como Malta, Lituania o Letonia

• Casi la mitad de los españoles no dispone de competencias digitales básicas, como buscar información o comunicarse a través de Internet

• España está a la cabeza de graduados universitarios en carreras tecnológicas, pero también a la cola de trabajadores especializados en TIC

• UGT reclama un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica que cierre la brecha de competencias y habilidades que sufre la ciudadanía

La Unión General de Trabajadores señala que la publicación del indicador digital europeo del año 2018 (el denominado Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, DESI) vuelve a poner de manifiesto el profundo retraso de España en términos de preparación digital de la ciudadanía y de la fuerza de trabajo.

En el indicador dedicado al Capital Humano, que mide el grado de preparación de nuestros ciudadanos y trabajadores ante el reto que supone la transformación digital y la revolución tecnológica, España presenta un sonoro suspenso. Así, la mejoras en términos absolutos de algunos apartados son irrelevantes ante los avances del resto de países de la Unión, colocando a España en el puesto 14 de los 28 Estados miembros, muy lejos de la cuarta plaza que nos correspondería por potencial económico. De hecho, el propio Informe nos describe como un país de rendimiento digital medio, a la altura de países como Malta, Lituania o Letonia.

El estudio confirma que casi la mitad de los españoles no dispone de competencias digitales básicas, tales como buscar información en Internet o comunicarse por dicho medio. De hecho, España se sitúa en la posición 13 de 28 en porcentaje de usuarios de Internet, por debajo de la media europea y muy lejos de los parámetros deseados para alcanzar una alfabetización digital plena.

Además, el informe reitera la paradoja que pervive en nuestro mercado de trabajo: mientras somos capaces de generar un número muy elevado de graduados universitarios en carreras tecnológicas (séptimo puesto), el número de trabajadores especializados en TIC no crece en paralelo (puesto 18). Este desajuste entre oferta y demanda obliga a nuestros jóvenes universitarios a emigrar a otros países para desarrollar sus carreras profesionales, lo que supone un quebranto de nuestro sistema formativo, una losa para el futuro de nuestra economía y para nuestra capacidad de innovación y un fortísimo varapalo para nuestras familias y nuestra Sociedad.

Es imprescindible un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica

Las conclusiones del DESI son muy claras hacia España: "Un alto grado de inadecuación de las capacidades en el personal de las empresas limita su capacidad de innovar y sacar el máximo provecho de la innovación. Aumentar el número de especialistas en TIC y reciclar las capacidades de la mano de obra es de vital importancia para aprovechar todo el potencial de la economía digital", algo que la Unión General de Trabajadores viene denunciando desde hace tiempo.

Para el sindicato, se hace imprescindible confeccionar, como máxima prioridad y a la mayor urgencia posible, medidas que palíen estas graves disfunciones. Por una parte, resulta imprescindible poner en marcha un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica que cierre la brecha de competencias y habilidades que sufre nuestra ciudadanía. Por otra, hay que movilizar los recursos necesarios para formar a desempleados y trabajadores en activo, a modo de reconversión digital. Así, se deben ampliar los presupuestos de todas las Administraciones Públicas para proporcionar la capacitación necesaria a los desempleados, al objeto de adquirir la empleabilidad que requiere un contexto de transformación tecnológica. Y, finalmente, pero no por ello menos importante, consolidar el Derecho a la Formación Profesional continua en el puesto de trabajo, como parte integral del tiempo de trabajo.

Si no tomamos estas medidas, el resto de economías seguirán avanzando, modernizando su tejido productivo, mientras España, fiel a su tradición, llegará otra vez tarde a una nueva revolución tecnológica. Y como en anteriores ocasiones, la ciudadanía y los trabajadores acabarán pagando las consecuencias de la inacción, el desconocimiento, la incapacidad y la apatía de nuestro Gobierno y del resto de actores legislativos y regulatorios ante semejante desafío.