• ​Para que sea sostenible UGT aboga por mejorar la calidad del empleo, aumentar los salarios, reforzar prestaciones básicas (como el desempleo, las pensiones, la dependencia o la asistencia social), potenciar los servicios públicos esenciales, relanzar la inversión pública y aumentar la competencia en el tejido productivo.

• Es preciso un nuevo contrato social que consolide una nueva fase de bienestar para toda la ciudadanía.

El avance de datos de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre del año, dado a conocer hoy por el INE, ratifica dos cuestiones que deben ser tenidas en cuenta en la estrategia de política económica para el próximo año, y que deberían plasmarse en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2018:

- La primera, que nuestra economía está inserta en una sólida fase expansiva, contabilizando ya 15 trimestres consecutivos en los que crece la actividad productiva en términos anuales, los 10 últimos por encima del 3%, y que eso debe traducirse en un reparto más justo y eficiente de los frutos derivados de ese crecimiento.

- La segunda, que pese a lo evidente de esta reactivación, existen riesgos derivados del agotamiento de los factores externos que empujaron la actividad en los pasados años (precio del petróleo, tipo de cambio, acceso barato al crédito), a lo que se suma en el corto plazo la incertidumbre derivada de la situación política en Cataluña, por lo que es necesario actuar para reforzar la demanda interna, impulsando el consumo de los hogares y la inversión pública.

Según el avance del INE, el PIB creció un 0,8% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, con lo que la tasa interanual permanecería en el 3,1%. Pero España no puede resignarse a que el crecimiento se reduzca en los años venideros, como señalan las estimaciones, que apuntan a que pasará del 3,1% al entorno del 2,5% en 2018, y del 2% en 2019. Porque menor crecimiento implicará menor creación de empleo, y ese es el principal déficit de nuestra economía, junto a la elevada precariedad de ese empleo creado. Es preciso actuar para reforzar ese crecimiento de la actividad productiva, y para modificar su composición, haciéndolo más estable y sostenible. 

Para ello, es preciso actuar, al menos, en seis frentes en los que el Gobierno tiene un papel decisivo:

• Primero, mejorar la calidad del empleo, de manera que sea más estable y más productivo. Eso implica que se deroguen las últimas reformas laborales, que solo han contribuido a elevar la precariedad del empleo y a hacerlo menos eficiente, además de contribuir decisivamente a elevar la desigualdad y los niveles de pobreza y exclusión social.

• Segundo, aumentar los salarios, para que las familias vean aumentar su poder de compra y puedan sostener el consumo de bienes y servicios, y en especial los de carácter más duradero. Es preciso terminar con la estrategia de la austeridad y la devaluación salarial, que solo ha traído sufrimiento a los hogares. Además de trasladar esa mejora salarial a la negociación colectiva, ámbito autónomo de competencia de las empresas y de los representantes de los trabajadores, el Gobierno debe aumentar el salario de los empleados públicos de manera adecuada, haciendo que recuperen parte del poder de compra perdido desde hace años, además de aumentar el salario mínimo interprofesional para acercarlo a los 1.000 euros mensuales como mínimo en 2020.

• Tercero, reforzar las prestaciones básicas del estado de bienestar (desempleo, pensiones, dependencia, asistencia social), porque son rentas esenciales para garantizar una calidad de vida digna a quienes peor lo están pasando y a quienes tienen menor capacidad para soportar los vaivenes de la economía, sosteniendo además el consumo de millones de familias. En especial, es necesario poner en marcha la Prestación de Ingresos Mínimos propuesta por UGT y CCOO, y que sigue inmersa en el trámite parlamentario.

• Cuarto, potenciar los servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación, no solo porque son, junto al sistema de prestaciones sociales, los grandes garantes de la cohesión social del país y de la igualdad de oportunidades, sino porque constituyen nichos de empleo muy importante para los próximos años.

• Quinto, relanzar la inversión pública en aquellos factores que más pueden ayudar a cambiar nuestro modelo productivo para hacerlo más sostenible y generador de valor añadido, como son las relacionadas con la sociedad del conocimiento y la I+D+i, además de otorgar un mayor peso al tejido industrial.

• Y sexto, aumentar la competencia en el tejido productivo, y especialmente en aquellos sectores estratégicos que actualmente obtienen cuantiosos beneficios a costa de precios elevados para los consumidores, como el eléctrico, el de carburantes, el de telecomunicaciones o el de distribución comercial.

Todas estas medidas son fundamentales para conformar un modelo de crecimiento más robusto, eficiente y sostenible, tanto económica como social y medioambientalmente, y requiere de un esfuerzo colectivo de diálogo para que sea fruto de un consenso lo más generalizado posible, que facilite la construcción de un nuevo contrato social que consolide una nueva y larga fase de bienestar para toda la ciudadanía.