El programa político aprobado en 2022, que fija las metas digitales para las economías europeas al final de esta década, es un excelente termómetro para conocer cómo nuestro país está acometiendo esta necesaria transformación tecnológica. Como en todas las ocasiones anteriores, UGT quiere realizar un ejercicio de crítica constructiva y objetiva, con la finalidad de destacar aquellas áreas donde es preciso focalizar nuestros esfuerzos, logrando así una digitalización no deje a nadie atrás, donde la competitividad vaya acorde con una imprescindible inclusividad laboral y social.

Intensidad digital de las PYMES

Un indicador esencial donde seguimos muy por debajo de lo deseable: cuatro de cada diez PYMES españolas no alcanzan ni el estatus básico de intensidad digital, con un crecimiento paupérrimo en los dos últimos años de apenas un 0,7% desde 2021 – cuatro veces menor que el progreso que acredita la media europea, 2,6%-

No podemos olvidar que las PYMES son un eje fundamental de nuestra economía, concitando al 95% de nuestro tejido productivo, generando más de la mitad del PIB y dando empleo a más de diez millones de personas. Por ello, y como ya hemos apuntado en anteriores ocasiones, los programas de ayudas como el Kit Digital, si bien son positivos y contribuyen a impulsar su tecnificación, deben complementarse con planes de formación en TIC para la fuerza trabajadora empleada en estas empresas, al objeto de que dotar de las suficientes competencias para aprovechar estas ayudas a la modernización en nuevas tecnologías.

Empleo tecnológico

España se vuelve a situar por debajo de la media europea en expertos TIC, con un 4,4% -sobre el total de empleo- frente a un 4,8% de la media europea (lo que representa un 8% menos que la UE27). 

Este dato, por sí solo, puede significar poco si no se detalla el contexto. Por un lado, nuestro país está en la avanzadilla europea en graduados en TIC por año (más de 217.00 sólo en 2022, situándonos el cuatro puesto continental). De hecho, la propia Comisión Europea nos felicita por los avances en esta materia, creciendo año a año por encima de la media comunitaria en la provisión de talento tecnológico (5,2% de titulados en TIC sobre el total de graduados, por un 4,5% de la UE27). Es decir, producimos ingente de talento digital, más y mejor que cualquier país de nuestro entorno.

Sin embargo, cuando ya llevamos un 30% de tiempo para cumplir con el objetivo asignado (sólo nos quedan siete años hasta 2030), aún estamos a un 50% de lograrlo. El principal motivo que explica esta disfunción se sitúa en la incapacidad de las empresas españolas para construir unas ofertas laborales a la altura de nuestros vecinos europeos, tanto a nivel retributivo como de atractivo en términos de progresión de carrera o conciliación de la vida laboral y personal. Ante tal disyuntiva, toda nuestra juventud tecnóloga, acaba emigrando masivamente.

Competencias digitales de la población

Las felicitaciones a España que hace constar la Comisión a España en su informe anual por el progreso en esta materia oculta una problemática que imprescindible hacer emerger: en España, hoy, 1.200.000 personas mayores de 65 años no tienen ni una sola competencia digital. Ni una sola: no saben pedir cita con su médico, ni hacer operaciones en banca online, ni hacer una reserva, ni siquiera saben enviar o recibir un correo electrónico.

No podemos consentir que, amparándonos en las buenas cifras generalistas, olvidemos a una parte integral de nuestra sociedad, porque quizás sean “mayores”, porque quizás ya sean “personas jubiladas” o porque vivan predominantemente en zonas rurales. Un Estado que defiende la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial no puede padecer inmóvil ante esta tipología de Brecha Digital.

Servicios Públicos Digitales

En un mundo en acelerado proceso de digitación de procesos no se entiende un descenso de más de dos puntos en el apartado de servicios públicos digitales a disposición de la ciudadanía (-2,3%). El retroceso en la métrica sobre en qué medida los gobiernos son transparentes en lo que respecta al proceso de prestación de servicios online, es preocupante y debe ser analizado cuidadosamente para averiguar qué administraciones están retrotrayendo avances tal necesarios para nuestra ciudadanía.