​La Unión General de Trabajadores considera que el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos, “a expensas de conocer más profundamente el contenido del mismo, no incide en las soluciones de los problemas de las personas”, a pesar de la situación económica que atraviesa nuestro país.

Para el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, el acuerdo supone, en gran medida, “dar continuidad a las políticas del Partido Popular y proseguir con la austeridad línea estratégica. Además, muchas de las medidas están supeditadas a los acuerdos alcanzados en solitario por el Gobierno en funciones con la Comisión Europea o están fijadas por la política comunitaria”.

Pepe Álvarez considera insuficiente el documento de propuestas, sobre todo en materia laboral, “donde algunas de las medidas pueden ser claramente contraproducentes y puede abrir nuevas vías de precariedad y fraude”, como en el caso de la reducción a tres modalidades de los contratos de trabajo, o en algunas iniciativas para los trabajadores autónomos, o en relación al complemento salarial para las rentas más bajas.

En este sentido, Pepe Álvarez señala que el acuerdo valora aspectos que “deberían centrarse en el marco del diálogo social entre los interlocutores sociales, como es el tema de la contratación, y obvia otros como la derogación o modificación de las reformas laborales”.

Además, no se centra en medidas como el contrato de relevo, que no se menciona en el acuerdo, y que debe ser “fundamental” para el mercado de trabajo español, unida a la jubilación parcial a los 60 años para combatir el paro juvenil y dar así la oportunidad al colectivo joven a acceder a un empleo y a un salario de calidad y con derechos. Además, UGT también lamenta que no se recojan algunas medidas para los parados de larga duración mayores de 55 años, que les faciliten el acceso a la jubilación digna tras largas carreras de cotización.

El Secretario General de UGT también lamenta que tanto el PP como Ciudadanos hayan obviado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por UGT y CCOO y respaldada por más de 700.000 firmas de ciudadanos de nuestro país para impulsar una prestación de ingresos mínimos para dos millones de personas. Con 4,5 millones de personas sin empleo (la mitad parados de larga duración sin prestación alguna), 1,5 millones de hogares con todos sus miembros en paro (y más de 500.000 familias sin ningún tipo de ingreso), y el 22% de la población en riesgo de pobreza, resulta imprescindible una prestación que ayude a las familias a salir de la situación de desigualdad y pobreza.

UGT lamenta también que no haya ni una sola mención al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fundamental para dinamizar la economía, ni a impulsar la subida de salarios, ni una mención a la negociación colectiva, cuestión que debería también remitirse a la negociación entre los interlocutores sociales.

Tampoco aborda los compromisos con Bruselas y la no subida de impuestos, apostando todo al aumento de la recaudación por el incremento de la actividad económica.

Pepe Álvarez ha valorado que el acuerdo recoja medidas como la recuperación de 29.000 millones de euros para gasto social, planes de choque por el empleo y contra la pobreza infantil, medidas dirigidas a reforzar la protección por desempleo, una ley de segunda oportunidad, un Plan nacional de conciliación familiar y laboral, la dación en pago, impulsar la Ley de Dependencia, o pactos de estado contra la violencia de género o por la educación, junto a la paralización de la LOMCE, entre otras cuestiones.

No obstante, para el Secretario General de UGT, este acuerdo “está lejos de un programa de Gobierno para resolver los problemas de la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”.