​Los cambios políticos ocurridos en Grecia constituyen una oportunidad, no solo para este país asolado por la crisis, sino también para una reevaluación y una revisión fundamentales de las políticas económicas y sociales de la UE centradas en una austeridad y unas reformas estructurales del mercado de trabajo que han fracasado.

Insistimos una vez más en la crítica que ya ha expresado muchas veces la CES: desde el principio, las condiciones principales sobre las que se acordó la ayuda financiera a Grecia no merecían el calificativo de “reformas”. 

Los miles de millones de euros que llegaron a Grecia han sido utilizados principalmente para reembolsar la deuda existente y estabilizar el sector financiero. Al mismo tiempo, el país se ha visto arrastrado a una profunda recesión a causa de las reducciones drásticas del gasto público que han convertido a Grecia en el país más endeudado de toda la UE. 

El resultado es una crisis social y humanitaria sin precedentes en Europa. Un tercio de la población vive en la pobreza, el Estado de bienestar se encuentra extremadamente debilitado, el salario mínimo se ha reducido en un 22% y está sujeto a condiciones discriminatorias para los jóvenes; el sistema de negociación colectiva y otras protecciones para los que todavía trabajan han sido desmantelados y la carga fiscal ha aumentado para los grupos sociales económicamente débiles. 

El desempleo es actualmente del 27%, aunque entre los jóvenes alcanza más del 50%. El acceso a la educación se ha limitado. Numerosas personas ya no tienen medios para pagar los alimentos, la electricidad, la calefacción o la vivienda. Una parte importante de la población ya no tiene seguro de enfermedad, y solo puede acceder a la atención médica en caso de urgencia. Los resultados de las elecciones son la consecuencia del fracaso de estas políticas. 

Pero todo esto no tiene nada que ver con las reformas diseñadas para abordar los problemas actuales de Grecia. Ninguno de los problemas estructurales del país se ha resuelto, sino que en realidad se han creado otros. Las políticas aplicadas han sido de recortes y destrucción, no de reconstrucción. 

Unas verdaderas reformas estructurales dignas de este nombre habrían dado lugar a la creación de nuevas oportunidades de desarrollo económico en vez de empujar a una generación de jóvenes altamente cualificados a abandonar el país. Unas verdaderas reformas estructurales habrían incluido intentos serios de luchar contra la evasión fiscal. Unas verdaderas reformas estructurales habrían abordado el clientelismo y la corrupción en la contratación pública. 

Lamentablemente, la nota presentada recientemente por los Presidentes de la Comisión, del BCE, del Consejo y del Eurogrupo sobre la preparación de las próximas etapas para una mejor gobernanza económica no ofrece ninguna perspectiva de cambio en estas políticas fracasadas.

No obstante, saludamos positivamente la petición del Presidente Juncker al Eurogrupo para que actúe para mantener la irreversibilidad del euro. Una salida de Grecia – o de cualquier otro país – de la zona euro solo serviría para provocar una crisis financiera que sería perjudicial para los ciudadanos de a pie y para los trabajadores. 

Es necesario, en Grecia y en todos los países europeos, restaurar un sistema sólido de relaciones industriales y de negociación colectiva y poner en marcha un plan europeo de inversiones a gran escala para un crecimiento sostenible y empleos de calidad, como reclama la CES. La UE debe tener también un plan para atacar el problema más amplio de la deuda. 

El proyecto europeo necesita recuperar su credibilidad ante todos los trabajadores y trabajadoras europeos. La CES apoya toda acción concreta que vaya en este sentido.