UGT reclama negociar medidas compensatorias al daño causado desde 2012 tanto en pensiones como en subsidios a los mayores de 52 años

La Unión General de Trabajadores, a través del Grupo de Estudios “Pensiones Públicas suficientes, Seguridad Social universal y Democracia sustantiva” de la Fundación Largo Caballero, ha realizado un análisis jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional que refleja la inconstitucionalidad de algunas disposiciones del RDL 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

En este sentido, el sindicato considera que la sentencia supone un varapalo al reconocer que el Gobierno no fundamentó varios aspectos de esta reforma y le reprocha que carecía de razones adecuadas para realizarla a través de la vía técnica autoritaria del Real Decreto Ley, haciendo de él un uso desmedido.

Además, el Alto Tribunal se centra en una de las medidas más importantes de este decreto, como es el subsidio de desempleo para mayores de 55 años, por la relevancia que tiene el que se declare la inconstitucionalidad de la regla legal que obligaba a un cómputo de las rentas familiares para determinar (o impedir en realidad) el acceso al subsidio.

Para el sindicato, la nulidad de la norma conllevará la reposición del derecho en las condiciones precedentes (que se computen, a la hora de optar al subsidio, solo los ingresos del solicitante, no los de la unidad familiar). Pero, además, UGT considera imprescindible que el Gobierno negocie medidas para compensar de manera inmediata a los perjudicados que se han quedado por el camino, todos los mayores de 55 años que han visto aplicada esta restricción. En este sentido reclama negociar medidas para reparar el daño que se ha causado desde 2012 tanto en pensiones como en subsidios a los mayores de 52 años.  

Por ello, exige una reforma integral y un reforzamiento del conjunto de las prestaciones, que suponga una notable mejora protectora de un colectivo social muy vulnerable, que lo que necesita no son reformas restrictivas, sino garantías.

Además, reclama la derogación de la reforma del RD 20/2012, de 13 de julio, del Gobierno del PP, para que vuelva a situarse la edad de percepción del subsidio de mayores en 52 años y no en 55; subir al 125% del SMI la cotización a la Seguridad Social, tal y como era antes de la reforma del PP, para que la pensión no se vea recortada por el periodo en desempleo precio a la jubilación; y eliminar la jubilación forzosa a los 61 años para los desempleados que cobran este subsidio y que cercena aún más su pensión.

• Informe completo sobre la sentencia