​El informe “Ajuste salarial en España ¿lento, ineficiente e injusto?”, publicado en un documento de la Comisión Europea, oculta tras ese título la pretensión de realizar una nueva reforma laboral para España para recortar aún más el salario de los trabajadores con contrato indefinido. En lugar de combatir la dualidad laboral, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores en peor situación, da la impresión de que desde la Comisión y su entorno se insiste en lo contrario, devaluar las condiciones laborales de los trabajadores más estables. En este informe se obvia el desastre que ha supuesto la reforma laboral del Gobierno del PP, impulsada por la propia Comisión Europea, que ha provocado que el mercado de trabajo español sea, probablemente, el más flexible de Europa y sus resultados los más ruinosos. Frente a este “más de lo mismo”, UGT considera que es preciso apostar por el empleo estable y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Si no, la salida de la crisis será en falso.

Una vez más, un informe supuestamente técnico y sin el sello de oficialidad de un organismo internacional, pero elaborado por personal de su staff y publicado con sus medios, viene a anticipar nuevas propuestas dañinas para la clase trabajadora. En esta ocasión se trata del informe “Wage adjustement in Spain: slow, inefficient and unfair?” (“Ajuste salarial en España: ¿lento, ineficiente e injusto?”), publicado por la Comisión Europea ¹ . 

Con un titular que parece apuntar un contenido crítico con la devaluación salarial aplicada en España desde 2010, y que tan perjudiciales efectos está teniendo, lo cierto es que el informe señala algunas evidencias sobre el impacto de la estrategia de recorte salarial que ya habían sido puestos de relieve en otros análisis, para terminar concluyendo con una recomendación de una nueva reforma laboral en España para reducir la distancia entre el coste del despido de los trabajadores temporales e indefinidos y facilitar una mayor respuesta de los salarios de los trabajadores con contrato indefinido. 

A falta de un mayor desarrollo de estas recomendaciones, mucho nos tememos que lo que se está planteando veladamente es una nueva reforma laboral para volver a reducir el coste del despido de los contratos indefinidos e incrementar las posibilidades de recorte salarial discrecional del empresario (algo difícil, dado que la reforma del gobierno del PP ha ampliado estas capacidades de manera extrema). En otras ocasiones, al menos, así ha sucedido, e informes técnicos a título personal han servido de avanzadilla para propuestas formales posteriores de las instituciones que amparaban la publicación de los mismos. 

Dada la falta de datos recientes sobre la estructura salarial (como mucho, algunas estadísticas alcanzan hasta 2012 ² ), el estudio realiza una extrapolación de datos de algunas estadísticas en materia salarial, para llegar a algunos resultados, de los que destacan dos: primero, que la caída salarial ha sido mayor que la que reflejan las estadísticas de salarios cuando se elimina el efecto composición del empleo, tanto en términos nominales como reales (descontando la inflación); segundo, que los trabajadores temporales han sufrido en mayor medida el ajuste salarial, con lo que habrían sido penalizados por la crisis doblemente, al concentrar una mayor pérdida de empleo y al ver reducidos sus salarios más que los trabajadores con contratos indefinidos. Ambas conclusiones resultan verosímiles, pero las extrapolaciones que de ellas se apuntan en el documento merecen algún comentario.

Los sindicatos venimos denunciando desde hace muchos años la grave disfunción que supone la elevada temporalidad de nuestro mercado laboral, que tiene perversos resultados para los trabajadores, para las empresas y para la economía en general. Es evidente que las diferentes reformas laborales puestas en práctica en España en los últimos veinte años no han servido para solucionar este grave problema, y que por tanto es necesario insistir en ello con nuevas actuaciones. Por eso UGT y CCOO hemos promovido que en el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, de 29 de julio, firmado con las organizaciones empresariales y el Gobierno, se incluyeran líneas de actuación contra la dualidad laboral, que hay que desarrollar, y que deben dar lugar a un plan de lucha contra la dualidad en la contratación laboral. Es decir, que fomentar la estabilidad en el empleo, luchar contra el fraude en la contratación y erradicar toda forma de discriminación laboral, incluida la que tiene como base los diferentes tipos de contratos, es una prioridad para las organizaciones sindicales. Estamos convencidos de que de esta crisis, o salimos con empleos de calidad, o volverá a ser una salida en falso.

Pero lo que hay que decir también (y el informe de referencia no dice) es que la última reforma laboral, cuya exposición de motivos decía tener entre sus objetivos la reducción de la dualidad laboral, ha sido probablemente la más nociva de cuantas se han aplicado, elevando las dosis de precariedad laboral de nuestro mercado de trabajo. No solo porque no ha mejorado los niveles de contratación estable, que sigue bajo mínimos (solo 8 de cada 100 contratos que se realizan es indefinido), sino porque ha facilitado nuevas formas de precariedad, como el contrato a tiempo parcial, que en España es mayoritariamente involuntario, un mal menor, debido a que el trabajador no encuentra un empleo a tiempo completo, y que esconde en muchas ocasiones abusos en la jornada realizada.

Es cierto que el empleo temporal ha caído desde el inicio de la crisis mucho más en términos relativos que el empleo de carácter indefinido: un 30% frente a un 9% respectivamente desde el primer trimestre de 2008. En parte es lógico, en la medida en que lo primero que las empresas hacen cuando vislumbran dificultades económicas es no renovar los contratos con fecha de término fija que cumplen su vigencia. Pero la idea que a veces se quiere trasladar de forma interesada, en el sentido de que el empleo indefinido apenas si ha sufrido durante esta etapa de crisis, está muy lejos de la realidad. Desde el cuarto trimestre de 2009, el 64% del empleo asalariado perdido ha sido empleo de carácter indefinido, 1,4 millones, frente a 588.000 temporales. Desde 2008 ha habido en España más de cinco millones de despidos de trabajadores con contratos indefinidos ³ , una cifra abrumadora, y que no parece hablar de la existencia de excesivas dificultades, ni económicas ni formales, a la hora de despedir en España.

El problema no se encuentra en el coste del despido de los contratados de carácter indefinido, como sistemáticamente se plantea desde determinadas instituciones internacionales, sino en la utilización fraudulenta de los contratos temporales y en la exagerada discrecionalidad y facilidad que poseen las empresas para realizarlos, rescindirlos y encadenarlos, sorteando la lógica económica y en muchos casos la legalidad vigente. 

La reforma laboral del PP, lejos de potenciar la flexibilidad interna negociada en las empresas, como habíamos pactado las organizaciones sindicales y empresariales en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, lo que ha hecho ha sido abrir todo el menú de flexibilidad para las empresas, aplicable además de manera discrecional, sin necesidad de negociar con los representantes de los trabajadores: la empresas puede ahora bajar salarios, despedir o modificar las condiciones labores en general casi sin trabas, y en base a criterios objetivos muy laxos. El mercado laboral español es ahora probablemente el más flexible de Europa, y sus resultados los más ruinosos. 

En definitiva, lo que las diferentes estadísticas salariales muestran es que la estrategia de devaluación salarial generalizada ha sido un fracaso, y las actuaciones discrecionales del Gobierno que han servido para implementarla, como la reforma laboral de 2012, han pervertido el funcionamiento y resultados del mercado laboral español, y tan solo han servido para aumentar el poder discrecional de los empresarios a la hora de despedir y modificar las condiciones laborales de los trabajadores. 

Los sindicatos venimos denunciando estos nefastos resultados desde antes incluso de que se pusiera en marcha dicha reforma, puesto que eran previsibles. Una reforma, por cierto, avalada e impulsada desde la propia Comisión Europea que ahora, a través de informes elaborados por personal propio aunque firmados a título personal, pone en cuestión únicamente con el objetivo de insistir en una nueva vuelta de tuerca a la misma receta. Más sufrimiento inútil para los asalariados. Una estrategia que encontrará siempre enfrente a la Unión General de Trabajadores.

[1] Orsini, Kristian. Wage adjustement in Spain: slow, inefficient and unfair? ECFIN Country Focus. Volume 11. Issue 10. November 2014. Economic Analysis from European Commision’s  Directorate-General for Economic and Financial Affairs. 

[2] Decil de salarios del trabajo principal de la EPA (INE)​

[3] Datos de altas de beneficiarios de prestaciones por desempleo según causa del derecho (solo nivel contributivo).​